Ensayos literarios UPN 2023

 

Corrupción en los lideres políticos

La corrupción en líderes políticos es un problema que socava la integridad de los sistemas gubernamentales y mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Esta práctica deshonesta y desleal debilita la estructura misma de la democracia. Además, la corrupción distorsiona la asignación de recursos públicos, lo que resulta en una distribución desigual de la riqueza y la falta de oportunidades para aquellos que más lo necesitan. En relación con todo lo mencionado anteriormente, surge la interrogante: ¿Deben ser castigados con inhabilitación permanente los funcionarios que incurran en actos de corrupción? A lo que responderíamos que sí, la corrupción de autoridades políticas debe ser castigada con la inhabilitación permanente de los funcionarios. A lo largo de este ensayo, se presentarán argumentos y ejemplos que respaldan la tesis, destacando cómo la corrupción obstaculiza el desarrollo y por qué la inhabilitación permanente es una medida necesaria.

La corrupción de autoridades políticas debe ser castigada con la inhabilitación permanente de funcionarios, ya que es un obstáculo crucial para el desarrollo, socava la capacidad gubernamental y debilita la confianza ciudadana. En primer lugar, la falta de inhabilitación permanente origina el desprestigio de la clase política, un ejemplo palpable es lo que sucede en México en torno a este caso, donde la desconfianza de la población en la fuerza política es grande. Según Ortega (s.f.) considera que la principal causa de corrupción política en México es la: “Ausencia de un registro nacional de servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos de corrupción” (p.12). Es importante que se disponga de un registro que valide las inhabilitaciones para evitar reincidencias. Por lo cual, sin un registro de inhabilitados políticos hay una falta de transparencia y rendición de cuentas, lo que permite que individuos corruptos sigan ocupando posiciones de poder, debilitando la confianza pública en el gobierno y sus instituciones. En segundo lugar, la reincidencia en los actos de corrupción es común cuando las sanciones electorales son limitadas para los partidos políticos que han cometido actos ilícitos. De acuerdo con Abreu (2022) en España: “…los estudios empíricos se han focalizado en los efectos electorales de la corrupción a nivel local, resaltando un limitado castigo electoral para los partidos implicados en prácticas corruptas… además de por el daño económico que implica…” (p.2). Los partidos políticos implicados en actos de corrupción deben recibir fuertes sanciones que no les permitan participar nuevamente en elecciones. De lo contrario, la ausencia de consecuencias electorales contundentes puede generar un ambiente propicio para la perpetuación de la corrupción en el ámbito político, ya que los partidos implicados no se ven fuertemente penalizados por sus acciones, teniendo un impacto negativo en la economía por la malversación de fondos. Por las inhabilitaciones permanentes se crean perpetuaciones de la corrupción en la política, tal como lo que ocurre en Filipinas, que es bien conocido por este aspecto. De hecho, según Terrón (2013) “Filipinas se encuentra entre los primeros países del mundo en varios de los factores que se han descrito como generadores de corrupción: el grado de descentralización política, el fraccionamiento etnolingüístico, la inestabilidad política y la violencia, el aislamiento económico…” (p.74). La corrupción en Filipinas se ha arraigado en diferentes niveles del gobierno, desde funcionarios de alto rango hasta líderes locales, obstaculizando el desarrollo y el progreso del país. En este sentido, en Filipinas se ha creado un ambiente donde la corrupción puede prosperar, ya que el poder a menudo se concreta en manos de unos pocos individuos o grupos, de igual manera los conflictos armados y los cambios en el liderazgo hacen más difícil mantener un gobierno responsable y transparente. Por tales motivos, la corrupción en las autoridades políticas hace que sea esencial imponer la sanción de inhabilitación permanente para los funcionarios, ya que este comportamiento obstaculiza el avance, debilita la eficacia del gobierno y mina la confianza de los ciudadanos.

  Es por ello que, la corrupción en autoridades políticas debe ser castigada con la inhabilitación permanente a funcionarios, debido a que es una medida justa y efectiva para prevenir la reincidencia y proteger los intereses de la sociedad. Según Rodríguez (2012) “la pena de inhabilitación permanente (siempre que no esté acompañada de pena privativa de libertad efectiva) es el mecanismo más idóneo para prevenir la comisión futura de delitos graves de corrupción…” (p.10). Esta forma de castigo no solo busca sancionar a los responsables, sino también disuadir a otros posibles infractores. En relación con eso, se considera la inhabilitación permanente como un mecanismo importante para prevenir la comisión de delitos graves de corrupción. La cual tiene dos propósitos principales, por un lado, priva a los individuos de seguir participando en actividades de corrupción y por el otro lado, da un mensaje a la población que no se toleraron los delitos de corrupción. Asimismo, según Yumpo (2022) “…la aplicación de la sanción inhabilitación permanente para el ejercicio de la función pública tiene incidencia en la disminución de actos de corrupción política… además, impide que el funcionario corrupto retorne a ejercer cargos públicos, se prolifere la contaminación corrupta…” (p.8). La inhabilitación permanente evita que se produzcan daños adicionales a la administración pública, las instituciones y la sociedad, asimismo que se contamine la democracia. Es decir, la inhabilitación permanente no solo disuade a los funcionarios públicos de cometer actos corruptos, sino que también genera confianza en la ciudadanía, ya que se percibe que se están tomando medidas concretas para combatir este flagelo.

En conclusión, la corrupción en líderes políticos debe ser castigada con la inhabilitación permanente de funcionarios para garantizar la integridad y el desarrollo. Hemos visto cómo la corrupción afecta negativamente al desarrollo y cómo opiniones de expertos respaldan la tesis. Ortega destaca la importancia no solo de la inhabilitación política, sino de un sistema que registre correctamente dicha inhabilitación para evitar la recurrencia de aquellos inhabilitados. Por su parte, Abreu menciona que las sanciones para los partidos políticos involucrados en casos de corrupción deben ser endurecidas para evitar que se sigan dando. Por otro lado, Terrón comenta que el poder político solo en manos de un grupo minoritario trae como consecuencia que se viva en una constante corrupción, así como genera desigualdad y no permite el desarrollo óptimo de una nación. Por otra parte, Rodríguez destaca que la inhabilitación es un paso importante para acabar con la descomposición del Estado. Finalmente, Yumpo dice que la inhabilitación conlleva a que la misma no continue multiplicándose, desencadenando más confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y promoviendo la democracia.  En última instancia, es esencial que las sociedades tomen medidas efectivas contra la corrupción en sus líderes políticos para construir un futuro más justo y transparente. Si bien es sabido eliminar la corrupción no es una labor sencilla, no obstante, es factible con la determinación política y el anhelo colectivo de las sociedades por forjar un porvenir mejor para todos.

Referencias bibliográficas (APA 7ma edición)

1. Abreu, J. (2022). “La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)”. Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública. Pp. 1 – 40. https://www.ub.edu/irea/working_papers/2022/202221.pdf

2.          Ortega, A. (s.f.). Ética y corrupción en el servicio público. Pp. 1 – 16. https://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/10/epikeia10-etica_y_corrupcion.pdf

3.         Rodríguez, J. (2012). Principio de resocialización y la inhabilitación permanente. PUCP. Pp. 6 – 11. https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Boletin-FEBRERO-IDEHPUCP-6-111.pdf

4.         Terrón, A. (2013). La corrupción y sus raíces. El caso de Filipinas. https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/24642/6/aelduqueTFC0613memoria.pdf

5.        Yumpo, W. (2022). Inhabilitación permanente para el ejercicio de la función pública y su incidencia en actos de corrupción política, año 2021 [Trabajo de grado, Universidad de César Vallejo]. Repositorio Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/102878